Sexenio de destrucción

L

a presentación del último Informe de gobierno es, en la lógica política nacional, un momento de balance del sexenio, no sólo en el discurso oficial, casi siempre complaciente y cargado de autoelogios y cifras positivas imaginarias, sino también en el ánimo nacional, que suele ser mucho más severo y crítico en su diagnóstico del país. En esta ocasión no sólo es inminente el final de la administración calderonista sino también el de un ciclo de 12 años en los que el panismo ejerció la Presidencia. El saldo de los primeros seis años de ese ejercicio, encabezado por Vicente Fox, resultó desfavorable en casi todos los terrenos. Baste con recordar que en el sexenio anterior se dilapidaron decenas de miles de millones de dólares procedentes de los sobreprecios petroleros sin que exista, hasta ahora, la certeza del destino de ese dinero; pero, lo más grave, se dilapidó la esperanza de la sociedad en una transición democrática. Con todo, el segundo tramo de ese ciclo, a cargo de Felipe Calderón, ha sido mucho más devastador para el país.

Por principio de cuentas, la falta de legitimidad de inicio, la ausencia de una visión de Estado y la ineptitud llevaron a la actual administración a declarar, desde sus primeros días, una guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico que desembocó en una catástrofe en materia de seguridad pública, derechos humanos, estado de derecho, integridad institucional y soberanía. El recuerdo del sexenio que está por concluir queda irremediablemente ligado a las decenas de miles de muertos causados por el estallido de violencia que provocó, a su vez, la actual estrategia policial y militar; por el aumento y la expansión del poderío de las organizaciones criminales; por la descomposición de las corporaciones de seguridad pública; por la exasperante indefensión de sectores de la población que quedaron atrapados en las confrontaciones armadas; por la arbitrariedad y la impunidad con la que las fuerzas del orden atropellaron garantías individuales y derechos humanos; por la generalización de la extorsión de ciudadanos por parte de grupos delictivos; por el lavado de dinero y el tráfico imparable de sustancias ilícitas; por los asesinatos de periodistas; por la continuación de la epidemia de feminicidios en diversos puntos del territorio nacional; por la proliferación de levantones, masacres, desmembramientos, narcovideos y narcomantas.

La determinación de involucrar a las fuerzas armadas en esa suerte de cruzada minó severamente la imagen de esas instituciones entre la población. El titular del Ejecutivo federal ha hecho, durante casi seis años, oídos sordos a los incontables señalamientos críticos sobre los errores de concepción y ejecución de su estrategia y ha persistido en el empecinamiento de mantenerla hasta el último día, e incluso ha pretendido proyectarla en forma transexenal. Para colmo, con ese telón de fondo, y aunque éste no fuese causal directa, el gabinete calderonista resultó descabezado en un par de ocasiones por las muertes en accidentes aéreos de dos secretarios de Gobernación. En la circunstancia menos ominosa, la mala suerte agravó el debilitamiento experimentado por las autoridades federales en la guerra emprendida.

Los fenómenos arriba citados están entreverados con una gravísima y dolorosa pérdida de soberanía. Como ha podido demostrarse mediante los cables de Wikileaks difundidos por este diario y por medio de otras fuentes, en el sexenio calderonista se permitió, alentó y hasta imploró la intromisión de entidades estadunidenses en asuntos que, por ley, conciernen exclusivamente a los mexicanos y a sus instituciones. En el actual gobierno federal, y con la coartada de la Iniciativa Mérida, se ofreció a Washington toda la información de inteligencia del país, se instauraron los vuelos de aeronaves estadunidenses no tripuladas, proliferó la presencia de agentes de la FBI, la DEA y la CIA en territorio nacional y se otorgó a funcionarios extranjeros funciones de coordinación sobre efectivos policiales y militares nacionales. Algunas dependencias del país vecino –como las oficinas de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y de control de Drogas– cometieron en México delitos tales como contrabando de armas y lavado de dinero, sin que las autoridades nacionales se tomaran la molestia de investigar, y mucho menos sancionar, tales actividades. Fuera del ámbito policial y de seguridad, nuestro país prosiguió el rumbo de sometimiento a Washington ya iniciado en el gobierno anterior y de distancia e incluso hostilidad ante naciones hermanas de América Latina.

En el terreno económico las cosas no marcharon mejor. El sexenio calderonista se caracterizó por un incremento brutal de la pobreza y el desempleo y por una desmesurada transferencia neta de capitales hacia el exterior. Aunque las cifras oficiales contradicen estos fenómenos, hay sobrados elementos que indican que han sido maquilladas. Un ejemplo es el estudio del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la UNAM (La Jornada, 12/04/2012) que desmiente el índice oficial de 4.8 por ciento de desempleo y lo sitúa en un nivel real, más de tres veces mayor, de 15.4 por ciento. La ausencia de una política económica con sentido nacional ha sido particularmente desastrosa para el campo y para los sectores populares de las ciudades, pero ha afectado también a grupos crecientes de la clase media.