Guanajuato, Gto., . El ayuntamiento de Guanajuato aprobó un bando de policía y buen gobierno que castiga con 36 horas de cárcel o multas hasta de 30 salarios mínimos (más de mil 500 pesos) a quienes pidan limosna, digan palabras altisonantes, vendan en la calle, hagan manifestaciones o se besen.
El acuerdo fue autorizado por los 10 ediles del Partido Acción Acción Nacional y uno del Partido del Trabajo.
También se castigará a los promotores turísticos que se acerquen a los automovilistas, a quienes no usen los puentes peatonales y a los limpiaparabrisas.
El alcalde de Guanajuato, el panista Eduardo Romero Hicks, aseveró que el reglamento no es excesivo ni persecutorio. La finalidad, dijo, es “inculcar valores y civilidad” entre la población, que sepan que “puede haber una sanción. Eso va modificando la conducta. Según el panista, es necesario castigar esas conductas porque “si no lo prohíbes, si no lo contemplas, la gente lo va a hacer”.
También calificó de “lamentable” que la mayoría de la gente use expresiones como “güey” o que los jóvenes se den “unos agarrones de olimpiada” (besos) en la vía pública.
Marco Antonio Figueroa, regidor panista, afirmó que una de las razones para prohibir los besos en la calle es prevenir que las adolescentes de secundaria queden embarazadas.
Guanajuato y la dictadura de las “buenas costumbres”
El episodio en torno al bando de policía y buen gobierno aprobado hace unos días por la mayoría panista del ayuntamiento de Guanajuato, y declarado en suspenso por el edil de esa capital, Eduardo Romero Hicks, tras las numerosas expresiones de protesta y hasta de burla que generó, constituye un ejemplo claro de la ideología y de los métodos de gobierno del partido que hoy detenta el poder federal. El reglamento referido imponía multas y penas de cárcel para comportamientos que algunas mentalidades cavernarias consideran ajenas a los “valores” y a la “civilidad” cuando se realizan en espacios públicos, como besarse, pronunciar “palabras altisonantes”, realizar manifestaciones, pedir limosna, dar orientación no solicitada a los turistas y, en general, “toda conducta que propicie el afeamiento de la ciudad”.
Por fortuna, la reacción no ha corrido con mucho éxito en tales empeños y no pocas veces ha debido dar marcha atrás ante el rechazo social. Pero el partido gobernante y sus afiliados tendrían que darse cuenta, tras ocho años de ejercer la Presidencia y varios más de haber alcanzado sus primeras gubernaturas, que México está instalado en el siglo XXI y que los problemas nacionales del presente no están en un déficit de buenas costumbres, sino en la desigualdad, la pobreza, la impunidad, la corrupción, la crisis de representatividad y la falta de sentido de realidad que afecta a buena parte de los funcionarios.
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